Fundación Yammine: Fracking en México: impactos ambientales y retos para la gestión del agua
Un modelo energético con alto costo ecológico
La expansión de la extracción de gas natural como eje de la política energética en México hacia 2026 no solo es una decisión económica. Implica intervenir directamente en ecosistemas terrestres y marinos frágiles, alterando procesos fundamentales para la resiliencia ambiental. La fracturación hidráulica, o fracking, es la principal técnica no convencional utilizada para explotar yacimientos de gas y aceite de lutitas, y su huella ecológica es especialmente crítica en un país con marcadas desigualdades hídricas.
En regiones áridas y semiáridas del norte de México, donde el estrés hídrico ya limita el funcionamiento de los ecosistemas, el uso intensivo de agua para fracking incrementa la presión sobre acuíferos y cuerpos de agua superficiales. Esta práctica puede modificar el ciclo hidrológico, afectar la microbiota del suelo y reducir la disponibilidad de agua para especies endémicas altamente adaptadas a condiciones extremas. Así, una política pensada para fortalecer la soberanía energética termina comprometiendo la seguridad hídrica y la integridad ecológica.
Marco legal y contradicciones de la política energética
Desde hace más de una década, Petróleos Mexicanos (PEMEX) ha incorporado el fracking como práctica habitual mediante contratos con empresas petroleras internacionales. Datos recopilados vía solicitudes de información pública indican que al menos 924 pozos han sido perforados con esta técnica en Coahuila, Nuevo León, Puebla, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz. Pese a las protestas sociales por los impactos ambientales y sanitarios asociados, todavía no existe una prohibición constitucional o legal definitiva del fracking en México.
Siguen vigentes los marcos derivados de la reforma energética de 2013, incluida la Ley de Hidrocarburos, que permite la explotación de yacimientos no convencionales de gas y aceite de lutitas. Aunque el discurso oficial habla de transición energética y aumento de la capacidad eléctrica a partir de fuentes renovables, la administración actual ha mantenido e incluso ampliado la apuesta por el gas natural, abriendo más espacio a la fracturación hidráulica. Esta tensión entre narrativa de transición y continuidad de los hidrocarburos revela una contradicción de fondo entre objetivos climáticos, hídricos y de biodiversidad.
Agua dulce bajo presión: la paradoja geohídrica
Uno de los elementos más preocupantes es la llamada paradoja geohídrica identificada en estudios recientes. Las mayores reservas recuperables de gas se localizan en zonas del norte de México con la menor disponibilidad de agua dulce. Aun cuando faltan estudios de campo concluyentes específicos para México, análisis basados en escenarios y en la experiencia de acuíferos como Edwards-Trinity, en Texas, muestran que la demanda de agua del fracking competiría directamente con los usos domésticos, urbanos y agrícolas en regiones con estrés hídrico severo.
El fracking requiere aproximadamente entre 10 y 14 millones de litros de agua por pozo, es decir, unas diez veces más que la perforación convencional. En un contexto de sobreexplotación de acuíferos y variabilidad climática creciente, este volumen implica decisiones difíciles sobre prioridades de uso del agua. La política energética que privilegia la explotación de gas sin atender plenamente estos límites hidrológicos corre el riesgo de profundizar conflictos sociales y vulnerar derechos básicos, como el acceso al agua potable.
Contaminación de acuíferos y ecosistemas acuáticos
Más allá del volumen consumido, la forma en que se realiza el fracking entraña riesgos específicos para la calidad del agua subterránea y superficial. En promedio, los acuíferos se encuentran a unos 500 metros de profundidad, mientras que los pozos de extracción de gas se ubican entre 1500 y 2000 metros. Esta superposición vertical abre la posibilidad de filtración de metano hacia los acuíferos, lo que implicaría contaminación del agua que posteriormente puede utilizarse para consumo humano o uso agrícola.
Cuando la roca es fracturada, el agua retorna a la superficie cargada de aditivos químicos y contaminantes que incluyen sustancias cancerígenas como tolueno y xileno. Si estas aguas residuales no se gestionan con medidas estrictas, pueden alcanzar ríos y arroyos, deteriorando la calidad del agua superficial y afectando a comunidades humanas y ecosistemas acuáticos. Aunque en México aún no hay estudios concluyentes que cuantifiquen estos impactos, la evidencia internacional y las proyecciones existentes justifican aplicar de manera rigurosa el principio precautorio.
Ecosistemas marinos vulnerables y falta de prevención
Los impactos del fracking no se limitan a ambientes terrestres. En el campo Lakach, un importante yacimiento de gas natural en aguas profundas del golfo de México, las perturbaciones físicas y acústicas asociadas a la extracción pueden afectar comunidades bentónicas caracterizadas por baja resiliencia y lenta recuperación ecológica. La introducción de ruido, sedimentos y estructuras industriales en fondos marinos delicados puede alterar cadenas tróficas y procesos ecológicos poco estudiados.
La evidencia disponible sugiere que la estrategia actual privilegia la mitigación de impactos una vez ocurridos en lugar de su prevención. Este enfoque es difícilmente compatible con la sustentabilidad biológica a largo plazo, especialmente cuando se trata de ecosistemas marinos profundos cuya capacidad de regeneración es limitada y cuyos servicios ecosistémicos apenas comenzamos a comprender.
Hacia una gestión ambiental y del agua más integrada
El estudio del fracking en México exige un enfoque multidisciplinar que combine conocimientos hidrogeológicos, ecológicos, sociales y legales. Resulta imprescindible evaluar de manera integral la disponibilidad y calidad del agua subterránea, los límites ecológicos de los ecosistemas terrestres y marinos, y los posibles impactos acumulativos de cientos de pozos operando en cuencas ya presionadas. La aplicación del principio precautorio implica reconocer explícitamente las incertidumbres actuales, evitar la expansión acelerada de proyectos sin evaluación suficiente y fortalecer los marcos regulatorios para priorizar la protección de los recursos hídricos.
En este contexto, la formación de profesionales capaces de diseñar, implementar y auditar sistemas de gestión ambiental sólidos se vuelve estratégica. Programas académicos como la Maestría en Gestión y Auditorías Ambientales de FUNIBER ofrecen herramientas para analizar políticas energéticas desde la óptica de la sostenibilidad, valorar riesgos hidrológicos y ecológicos asociados a tecnologías como el fracking y proponer alternativas de gestión que integren la conservación del agua y la protección de la biodiversidad en la toma de decisiones públicas y empresariales.
Fuente del texto: Elaboración propia a partir de “El alto precio ambiental del ‘fracking’ en México”, The Conversation, y documentos científicos citados en dicho artículo.
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